Cada seis años, el escenario se repite: voces solemnes nos susurran al oído que el próximo domingo, el destino del país pende de un hilo y depende de nuestra acción cambiar el rumbo. Acto seguido, desfilan comediantes, artistas e influencers con la misión —valga la redundancia— de influir en nuestras decisiones, como si a ellos no les moviera el incentivo de una suma de cinco cifras.

Mientras tanto, los intelectuales se encargan de recordarnos que la democracia es un artefacto obsoleto, un sistema que solo sirve para tentar a las almas ingenuas a vender su más preciado tesoro: el derecho a elegir.

Los ricos, desde sus torres de marfil, se arrancan los cabellos y culpan de la debacle nacional a los pobres, señalándolos por malbaratar su derecho al primer populista de turno. Pero no es la transacción en sí lo que les indigna, sino lo mezquino del trueque: una playera y una torta (o con suerte, una beca).

Por otro lado, los pobres se indignan igualmente, pero contra los ricos, quienes hacen exactamente lo mismo; solo que en su caso, el premio es más suculento: contratos de proveedurías valuados en cientos de miles de pesos.

Sé que esta es una simplificación que bien podría elaborar un niño de kínder o un periodista de “Tercer Grado”, pero la planteo para ilustrar que todos tenemos un precio, y ese precio varía dependiendo de dónde nos encontremos en el sándwich social.

Porque, aunque nos pese admitirlo, el próximo domingo de cada seis años, aquellos de nosotros que estamos en el medio, ni cerca de los contratos millonarios ni lejos de romper la integridad por un Lonchibox, mantenemos la inquebrantable esperanza de que algún amigo o el amigo del amigo recuerde nuestras ardorosas defensas en los chats de WhatsApp o en las sobremesas familiares, defendiendo ideas que, en realidad, no le importan a nadie.